Rechazo al semáforo epidemiológico nacional…
De nueva cuenta, el novelio esquema de comunicación y diagnóstico de la Secretaría de Salud Federal, basado en un semáforo epidemiológico con información recabada en directo en cada Entidad federativa para medir la evolución de la pandemia por Covid-19, presentó problemas de coordinación con gobernadores, pues al menos cinco mandatarios (tanto del partido en el Gobierno: Morena, como de oposición), se declararon abiertamente en contra, tras argumentar que se están tomando decisiones unilaterales, y en consecuencia anunciaron que consumarían un programa operativo propio.
El problema se registró fundamentalmente, luego de la actualización que se aplicó al semáforo el viernes 17 de julio -para una vigencia desde el lunes 20 de julio, día 50 de la “nueva normalidad”-, después de haber estado en pausa -precisamente también por asincronía- por más de una semana, en donde tres de los estados en comento: Baja California Sur, Yucatán y Quintana Roo, de un grupo de nueve en total, volvieron al color rojo, máxima alerta de riesgo sanitario, con las limitaciones en movilidad económica que ello representa.
Con ello, sumarían 13 estados inconformes, y que estarían aplicando ya su semáforo particular, a saber: Baja California Sur, Yucatán, Quintana Roo, Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Durango, Guanajuato, Coahuila, Nuevo León, Puebla, Tabasco y Colima. Con lo cual, no hay duda alguna, la más afectada como siempre, es la sociedad, cuya demanda prioritaria es la preservación de la vida y la salud, seguido de eficaces líneas de acción garantes de subsistencia para cada uno de sus sectores, en función de sus necesidades y carencias.
De conformidad, una vez más se pone sobre la mesa la urgente e ineludible necesidad de generar las condiciones para un gran acuerdo integral entre la Federación y los diferentes órdenes de gobierno, fincado en transversalidad, deponiendo intereses politiqueros, futuristas, de concentración irracional de poder y de división, a fin de dar vigor al compromiso irreductible de cada actor involucrado en pro de la protección de la ciudadanía. No se alcanza a entender, que hay una nueva realidad que impuso nuevos cánones de comportamiento en el ejercicio político y gubernamental, los cuales se fundamentan ahora en la cuantía de soluciones prácticas a los graves flagelos sociales, para lograr permanecer en el escenario; es decir, en la medida que logren captar, mediar y equilibrar -con una buena dosis de autoridad moral y congruencia- entre lo que quiere y necesita la ciudadanía, será en esta misma que se les reconocerá y conquistarán su arribo a nuevas responsabilidades.
La “nueva normalidad”, consiste pues en saber interpretar adecuadamente las señales del devenir, y actuar con atinadas y oportunas respuestas, que en este caso, conlleva precisamente a hacer todo lo contrario a lo que tristemente está retrasando la reparación del país, que es pactar, unificar en una meta compartida, y una sola dirección; comunicando y siendo comunicado eficazmente, para lograr la reconstrucción que tanto se requiere. De lo contrario, la devastación será aún mayúscula en todos los campos, y con impactos imprevisibles.
¿Será posible vencer por tanto a un mal que quizá ya sea más destructivo que el propio Covid-19 y su aplastante efecto en la economía, que es la falta de unidad, de comunicación, congruencia y transversalidad entre poderes y órdenes de gobierno? El pueblo indiscutiblemente que lo habrá de registrar muy bien, y lo traducirá proporcionalmente en favor o detrimento de los políticos y gobernantes según lo hayan entendido. El tiempo prácticamente se agotó. ¿Qué deparará entonces a cada Estado, a Nayarit, que no ha podido salir del color rojo, pese a los esfuerzos de vigilancia última aplicada a partir de “movilidad mínima”, con todo y sus claroscuros de comunicación y congruencia con funcionarios? ¿Con qué saldo llegará México al final de la pandemia? Sigamos observando con atención.
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