Estado de Derecho y unidad nacional son de vital emergencia
La nueva realidad política tras la hecatombe sanitaria de Covid-19 que lo cambió todo en el orbe, introdujo un inédito escenario en el cual se volvió totalmente incompatible y, por tanto infuncional, continuar con los mismos patrones de desempeño gubernamental y de práctica político-partidaria, donde la simulación y la prestidigitación artificiosa para evadir la ley a costa del bienestar de las mayorías, quedaron completamente desfasados y su necio uso conlleva consecuencias contraproducentes en el corto plazo y con efectos para el mediano y largo plazo.
Así, es como se entiende el por qué la polarización vigente en el país entre partidarios y críticos del peculiar estilo personal de gobernar del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, está generando severas dificultades para hacer asequible los beneficios propugnados por la administración en cada rincón de la geografía nacional. Más aún, cuando en el empeño oficial de combatir la corrupción del pasado reciente, independientemente de las lógicas reacciones de quienes se han visto afectados o evidenciados por su presunta participación en ésta, ha tenido un efecto imprevisible que ha alcanzado a personajes insospechados de gran peso y significancia para el desenvolvimiento de la etapa actual de gobernanza.
La detención del exsecretario de la Defensa Nacional en el sexenio anterior, el General Salvador Cienfuegos, por parte de las agencias de combate a la criminalidad de Estados Unidos, el pasado 15 de octubre del 2020, luego de la imputación de delitos graves contra la salud presuntamente cometidos en el período que comprende de 2015-2017, pareciera no cerrarse con el regreso del General -tras un intenso cabildeo diplomático con el gobierno antecesor de la unión americana- y su consecuente exoneración emitida por la Fiscalía General de la República, sino que alienta de alguna u otra manea el oscuro trance de intercruce de señalamientos y ‘testimonios’ en contra de probables actos de corrupción perpetrados tanto en el pasado como en el propio presente del país, de tal suerte que el único resultado tangible hasta estos momentos lo han sido tristemente los obstáculos para centrarse en la prioridad que debiera de privar en la razón de ser de poderes y órdenes de gobierno: la vida, la salud, la economía, la seguridad, la unidad nacional y el derecho de vivir en paz.
Por tanto, el fortalecimiento del Estado de Derecho y la unidad nacional hoy ya no son opcionales, sino que forman parte indiscutiblemente de objetivos ineludibles e impostergables para garantizar bienestar colectivo, y solo asidos del cumplimiento irrestricto de la ley, y de hacerla cumplir no como instrumento punitivo de ajustes de cuentas o para intentar descalificar al detractor en aras de conservar el poder, se podrá asegurar a su vez un entendimiento pleno de la nueva normalidad y su incierto devenir, a fin de proteger al pueblo, dotándole de progreso, justicia y mejores oportunidades para todos. ¿Se podrá deponer cualquier interés ajeno al del pueblo para lograr la cohesión y la indispensable coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno, e inclusive estar preparados para adquirir y distribuir eficazmente la vacuna contra el Covid-19 a todos los ciudadanos, que será en su momento la meta más trascendental e histórica para iniciar con la reconstrucción? Observémoslo entonces.
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