Lozoya, el semáforo y la unidad nacional
El comportamiento vigente del sistema político-gubernamental, ante la inminente renovación eleccionaria del 2021, registra una clara inestabilidad y marcadas dificultades para entender “tiempo y circunstancias”: en aras de la sincronía que se finca en prioridades colectivas, y en consecuencia decodificar oportunamente las profundas demandas del pueblo, que es al final de cuentas el actor más importante, y a un tiempo, parámetro esencial de la eficacia de cada actor en el engranaje.
Por un lado, el proceso legal en el que se sustenta el polémico caso “Lozoya (Austin Emilio, ex Director de PEMEX durante la primera mitad del sexenio antecesor)”, por la presunta responsabilidad del ex funcionario en el quebranto de la paraestatal como resultado de un complot fraguado en las altas esferas del poder, según las particulares pruebas que presentó por ahora, y lo que se ha ‘filtrado’, ha comportado más dudas que certezas, tocante a la naturaleza de las intenciones de la Administración Federal vía la Fiscalía General de la República (FGR), al mando de Alejandro Gertz Manero, toda vez del especial trato otorgado a Lozoya en calidad de “Testigo Colaborador -con todas las facilidades en un marco de comodidades premier-”, al igual que la información comprometedora revelada, que “curiosamente” impacta exclusivamente a los adversarios ‘políticos” del propio Gobierno Federal y su partido, que se prepara -con todo y los graves obstáculos que a su vez encara en pro de unidad y congruencia- para la contienda electoral del 2021.
Así, la inquietud que cobra cada vez mayor relevancia en los ciudadanos, y ya no se diga en los protagonistas que buscan legítima participación como candidatos en la contienda eleccionaria, es de qué clase de justicia realmente se imparte en el país: ¿Selectiva? ¿Con criterios partidistas? Ahora bien, lo que se está llevando a cabo, ¿qué tanto beneficia o afecta a la unidad nacional y a la tan demandada exigencia de un robustecido Estado de Derecho, de garantías políticas y electorales, tan necesarios en estos tiempos aciagos?
A la par de lo anterior, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se encuentra en el frente de batalla de otro reto no menos avasallante, que se relaciona significativamente: la coordinación con gobernadores, que indiscutiblemente no atraviesa por su mejor momento, pues lo que debió de ser desde un principio una lucha unificada con un solo mando y dirección estratégicamente mancomunado con los tres niveles de gobierno y la corresponsabilidad del pueblo, principalmente contra la pandemia, se topó con severos reveses, derivados del desacuerdo de parte de por lo menos nueve mandatarios por lo que perciben una operatividad unilateral de la Secretaría de Salud a través del semáforo epidemiológico, desde donde adujeron, se manipulan datos e información para la asignación de colores y calificación de eficacia en las acciones contra la propagación de la enfermedad. Asimismo, sostienen que existe una nociva inequidad presupuestal, y proponen revisión inmediata e integral del Pacto de Coordinación Fiscal.
De conformidad, el Jefe del Ejecutivo Federal, ha visitado entidades efectuando una singular gestión, y refrendó la víspera su disposición a la celebración de un épico encuentro con los 32 gobernadores este miércoles 19, en San Luis Potosí, en donde se prevé, expondrán abiertamente sus inconformidades y planteamientos correspondientes.
Es en este neurálgico marco, en el que integrantes de la Unión de Columnistas y Articulistas de Nayarit (UCAN), que coordina la analista política y comunicadora radiofónica, Lily Cayeros, plantearon nuevamente su opinión en la sesión virtual semanal de análisis y diagnóstico de los viernes, dando paso a la postura coincidente de la urgente necesidad de que el Gobierno Federal aproveche la coyuntural reunión con los gobernadores, a fin de proyectarse primero como un poder que sabe escucharlo todo -desde posturas discordantes hasta propuestas-, a fin de sumar y construir el blindaje requerido (salud, economía, presupuesto y justicia) en el desafiante entorno consabido, con el irrestricto compromiso de todos, que de ello incluso se podrá esclarecer fundamentalmente ante el pueblo, qué beneficio para el corto y a largo plazo se obtendrá con el caso “Lozoya”, cuando se asiente a vista de todos y con pruebas fidedignas que la aplicación de la ley y su observancia es para todos, empezando por los de casa, sin que ello se utilice como instrumento punitivo o de acumulación de ventaja para exhibir y frenar al contrario en la carrera por acceder a los diferentes espacios de elección popular. La gente pues, ya no responde en función de la antigua estrategia del contraste negativo, sino del que parte de la audacia y la capacidad de solución y conjunción de voluntades y habilidades de crecimiento.
El columnista Sergio Mejía Cano, dijo en efecto que muy difícilmente se avanzará en el tema sanitario si no se dirimen cabalmente los diferendos de la Secretaría de Salud Federal con los gobernadores, ya que no es lógico pensar que cada administración estatal en lo individual protegerá a sus gobernados, cuando se trata de un mal mundial, y más todavía llegado el momento de distribuir la vacuna. En tanto consideró que “sin unidad nacional y compromiso de veras con la justicia, tampoco se asegurará que casos como el de Emilio Lozoya - que desde el momento mismo que recibió un trato preferencial, se percibió que la cosa ya no iba bien-, se consumen con estricto apego a Derecho y consiguiente imparcialidad”.
La analista política Lily Cayeros, precisó que la reunión con gobernadores puede dar al Presidente López Obrador, una herramienta valiosa de información y de consenso para generar soluciones contundentes, mucho más redituables inclusive que el de una división o confronta con su contraparte de otras fuerzas partidarias. Y de ello, se desprende lo que a juicio de no pocas voces, conlleva el juicio de Lozoya un tinte evidentemente futurista, siendo que también representa una oportunidad histórica para aplicar justicia imparcialmente y generar estabilidad, paz, seguridad y beneficios en gobernabilidad y respeto político recíprocos, más allá de cualquier circunstancia o proceso electoral.
Para el comentarista y periodista gráfico, Ramón Pérez Rentería, no queda duda de que ahora más que nunca es impostergable la unidad nacional, evitar juicios selectivos o políticas sanitarias que no atiendan de forma integral las necesidades de cada Estado, porque lo que está en juego es el beneficio general, y si la sociedad recibe respuestas eficaces, su credibilidad y confianza surge proporcionalmente. Por tanto, se pronunció por el que el encuentro del Presidente de la República con los ejecutivos de las entidades, sea realmente un espacio donde prive la voluntad y la astucia política para pactar reconstrucción y edificación conjuntos de la estructura que permitirá un tránsito favorable en la “nueva realidad”.
La unidad política y gubernamental ahora, es un hecho que sentará las bases con inteligente oportunidad no solo para dotar al proceso electoral en ciernes de la fortaleza democrática requerida, y de la procuración e impartición de justicia una garantía tangible de la sociedad, sino de la estructura organizacional para conseguir en su tiempo un buen lugar en la demanda mundial por la vacuna anti Covid -19, y en lo subsecuente poder distribuirla sin problema alguno a todo mexicano en todo el territorio nacional. ¿Se alcanzará el objetivo, empezando por el aprovechamiento sustancial del próximo encuentro entre el Ejecutivo Federal y los gobernadores? Observemos.
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